Autoridades venezolanas se capacitan para enfrentar consecuencia humanitaria del conflicto en Colombia

Oficiales de la Policía de Táchira, el CICPC y la Onidex recibieron capacitación en materia de refugio, en una jornada de formación y sensibilización organizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, con la participación de Cáritas de Venezuela, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional para los Refugiados y el apoyo de la Gobernación del estado Táchira.
Adrian Gelvez
adriangelvez@gmail.com

Según el ACNUR en el estado Táchira hay unas 3100 personas registradas, entre refugiados y solicitantes de refugio que están a la esperan de una decisión de las autoridades venezolanas.
Enrique Valles, Oficial de Campo del ACNUR en Táchira, explica que las capacitaciones se realizarán en buena parte del estado Táchira, empezando por el eje fronterizo; continuarán en la zona norte, específicamente en los municipios Panamericano, García de Hevia, y Samuel Darío Maldonado; y también se harán algunas en San Cristóbal, y sus alrededores.

Al inicio de la capacitación Valles explicó el origen del ACNUR, su mandato y el marco legal que respalda sus acciones, orientadas principalmente a garantizar el respeto de los derechos humanos básicos de los refugiados en el mundo.

Al referirse al caso de los refugiados colombianos Valles dejó claro que “actualmente el ACNUR no recomienda su repatriación, aseverando que “la solución duradera para quienes llegan a Venezuela en busca de protección internacional es la integración local; estamos en un país enormemente generoso con los que cruzan la frontera” dijo.

Por su parte, Ronald Osorio, asesor de la Comisión Nacional para los Refugiados, dio a conocer el marco legal venezolano en materia de refugio, e indicó que es el Estado venezolano el que decide, a través de una sesión interministerial, a quien reconoce como la condición de refugiado.

La defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo en Táchira, Doris Carrizo, instó a los participantes a ser cuidadosos con las detenciones de “ilegales”, pues podrían estar incurriendo en un acto arbitrario si lo hacen con personas en necesidad de protección internacional, “si detienen a un refugiado o refugiada le estarían violando sus derechos humanos” señaló. La defensora dijo que los refugiados o refugiadas podrían eventualmente denunciar la violación a sus derechos, siempre y cuando en la violación esté involucrado un órgano o entidad del Estado venezolano.

Finalmente Germaín Graterol, representante de Cáritas, se refirió a las acciones que esta ONG lleva a cabo para contribuir con la integración de los refugiados y refugiadas en Táchira, y de algunos proyectos como los relacionados con saneamiento de agua que lleva conjuntamente con el ACNUR, en algunas comunidades receptoras de colombianos y colombianas en necesidad de protección internacional.

Se estima que en la última década unos 200 mil ciudadanos colombianos han cruzado la frontera hacia Venezuela a causa del conflicto armado en el vecino país, la mayoría de ellos permanece en comunidades de la frontera es por ello que el objetivo de estas capacitaciones es ofrecer información básica sobre la situación de los refugiados y las refugiadas que llegan a Venezuela huyendo de la violencia en Colombia, así como dar a conocer el trabajo de las distintas instituciones vinculadas con la atención a estas personas en Venezuela.